La magistrada María Servini de Cubría pidió a España nombres y domicilios de los ministros y jefes de las fuerzas de seguridad en el período comprendido entre el 17 julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, en el marco de una demanda abierta en Argentina.
(El 17 julio comenzó en la ciudad española de Melilla, norte de África, la sublevación contra el Gobierno republicano de las tropas que mandaba Francisco Franco. El 15 junio se celebraron en España las primeras elecciones democráticas después del franquismo.)
La petición de la juez deberá ser tramitada por medio de un exhorto de la Cancillería argentina a las autoridades españolas, confirmó a Efe el abogado Ricardo Huñis, uno de los redactores de la demanda presentada en 2010 por víctimas del franquismo a instancias del principio de justicia universal.
“Insistiremos a la Cancillería para que apuren la tramitación del exhorto judicial, que estimamos que llegará a España en unos 20 días. Creemos que la respuesta no puede demorarse más de tres meses”, señaló el letrado, representante de la querella.
El exhorto incluye a los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española y solicita el certificado correspondiente en caso de fallecimiento.
La jueza también pidió información sobre personas desaparecidas, asesinadas y torturadas durante la dictadura franquista, niños apropiados y datos de empresas que utilizaron a presos políticos para trabajo esclavo, según fuentes judiciales.
“Estoy esperanzado en lograr justicia. Hay muchos testigos dispuestos a hablar en esta causa”, dijo a Efe el demandante Darío Rivas Cando, hijo de Severino Rivas, fusilado por falangistas en 1936.
El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ( ARMH ), Emilio Silva, expresó su deseo de que el Gobierno español atienda el principio de justicia universal y que este proceso ayude a las familias a conocer la verdad y averiguar el paradero de las víctimas.
Para el portavoz de la Asociación Foro por la Memoria, José Antonio Moreno, España hace el “ridículo democrático” porque otro país aplica el citado principio de justicia universal ante la inoperancia de los órganos judiciales españoles.
Según Silva, España hizo fuera lo que no hizo dentro en la aplicación de ese principio y “a Argentina no se le puede decir que ‘en casa del herrero, cuchillo de palo’, que es el caso español, porque los jueces argentinos que investigan los crímenes de la dictadura no son juzgados por hacerlo como Baltasar Garzón”.
Garzón fue suspendido provisionalmente en 2010 en sus funciones de magistrado de la Audiencia Nacional española debido a la causa que le abrió el Tribunal Supremo por presunto delito de prevaricación en sus investigaciones sobre los crímenes cometidos por el franquismo.
Actualmente se encuentra en Colombia como asesor de la misión de apoyo de la OEA para la reforma y aplicación de la Ley de Justicia y Paz.
Garzón obtuvo el reconocimiento internacional al exigir y obtener del Reino Unido en 1998 la detención del exdictador chileno Augusto Pinochet y tratar de juzgarlo en España bajo el principio de justicia universal, aunque el Gobierno británico optó por enviarlo a Chile.
El juez español también procesó alrededor de un centenar de militares y civiles por crímenes cometidos en la dictadura argentina (1976-1983) y pidió la extradición de varios, aunque en numerosos casos los gobiernos locales rechazaron las solicitudes al amparo de los principios de “cosa juzgada”, “territorialidad jurídica” o por estar siendo juzgados en este país.
En opinión de la vicepresidenta de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, Paqui Maqueda, es ahora Argentina la que da “una lección de derechos humanos a España” con la petición de la jueza Servini de Cubría.
La magistrada argentina había archivado las actuaciones sobre esta demanda de acuerdo con un dictamen de la Fiscalía según el cual tales crímenes han sido o son investigados por la Justicia española, lo que dio lugar a una apelación de la parte querellante.
En septiembre del pasado año, la Cámara Federal declaró nula la decisión de la jueza y aceptó la petición de la querella.
Entre las demandas presentadas por genocidio ante los tribunales de Buenos Aires figuran las de Rivas, Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados por el franquismo, e Inés García, sobrina de Elías García, asesinado en 1937.
Cuentan además con el auspicio de organismos humanitarios locales, entre ellos el Servicio de Paz y Justicia que dirige Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980.
