Despliegue policial y mediático van de la mano para
criminalizar a los activistas detenidos por accionar el freno en trenes
de Metro parados.
El viernes 22 de junio el madrileño barrio de Lavapiés amaneció bajo un amplio despliegue de policía y medios de comunicación
apostados en la calle Ave María. La acción fue rápida, como registra el
vídeo realizado por la propia Policía Nacional. Una hilera de agentes
encapuchados, acompañados de antidisturbios, penetró bajo orden de
registro y arresto en un piso del número 28 de esta calle. Cuatro
jóvenes fueron conducidos al exterior camino de los furgones ante un mar
de flashes fotográficos.
La denominada Operación Nido, finalizó con un total de seis detenidos
que estuvieron entre uno y dos días en las dependencias policiales del
distrito de Moratalaz. Tras pasar revisión judicial fueron puestos en
libertad sin medidas preventivas. Se les imputan cargos por desórdenes
públicos y coacción, lo que puede suponer hasta tres años de cárcel,
según apunta a DIAGONAL Erlantz Ibarrondo, abogado de los jóvenes.
Interpretaciones políticas
El método de protesta activa ha sido criticado duramente por algunos
políticos del Partido Popular. Es el caso de Esperanza Aguirre, quien ya
había declarado ante la primera acción de esta índole por otros jóvenes
en elmes de abril que “estos individuos que han puesto en peligro la
seguridad de los ciudadanos y los viajeros y que están haciendo un
flaquísimo servicio al magnífico transporte público que tenemos en
Madrid, no pueden irse de rositas y no van a irse de rositas”.
Con motivo de la segunda acción de desobediencia, el portavoz del PP,
Íñigo Henrí-quez de la Luna esperaba que “se depurasen
responsabilidades” y reclamaba a la Policía que persiguiese a los
participantes en ese acto para “iniciar procedimientos penales”. El jefe
superior de la Policía en Madrid, Alfonso Fernández Díez, afirmó que se
trataba de un grupo que estaba “perfectamente coordinado,
siguiendo un plan exhaustivo con distribución de funciones en células
integradas por dos personas, las cuales, con un modo de actuación
idéntico, consiguieron llevar a cabo el primer sabotaje de abril”.
Criminalizar la protesta
En lo referente a algunos medios de comunicación, destacaría el breve
reportaje que realizó Telemadrid ante la primera acción de abril. Éste
afirmaba que “según metro de Madrid, más de 10.000 viajeros han sido
víctimas de este sabotaje”. La cadena pública madrileña también sostuvo
que “los trenes frenan en seco”, cuando los convoyes en el momento de la
acción estaban en las respectivas paradas con las puertas abiertas. Si
nos adentramos en las crónicas de prensa, se definen estas protestas con
términos como “vandalismo”, “sabotaje” o “boicot”.
Todo ello genera en la opinión pública la idea de que la acción está
organizada por un grupo que realiza prácticamente actos terroristas,
aumentando la magnitud de los hechos.
Sembrar la discordia
Según la Jefatura Superior de Policía y la Delegación del Gobierno,
el papel de una parte del 15M ha sido clave en las últimas detenciones
realizadas, en palabras de Cristina Cifuentes, delegada de Gobierno:
“Las detenciones han sido posibles gracias a personas del 15M que no están de acuerdo con acciones de este tipo, violentas en cierto modo y perjudiciales para el propio movimiento”.
Dicha afirmación ha sido desmentida desde la comisión de legal de
Sol. Asimismo, el 24 de junio, la Asamblea General de Sol emitió un
comunicado para asumir “todas las acciones de desobediencia destinadas a
protestar contra el tarifazo del Metro de Madrid” y explicaba con
contundencia que “si alguien decidiera colaborar con la Policía para
denunciar acciones llevadas a cabo por otras compañeras, no sería
posible que pudiera sentirse dentro del 15M, pues estaría traicionando
las formas políticas de autoorganización que nos hemos dado a nosotras
mismas”.
Por su parte, la asamblea popular del barrio de los Austrias lanzó un
comunicado el pasado 29 de junio en el cual denunciaban “la connivencia
de determinados medios de comunicación y periodistas con los mandos
policiales, la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid y el
Ministerio del Interior” con el objetivo de “desacreditar, cuando no
calumniar, a los movimientos o grupos populares de apoyo”.
A la espera de la fecha del juicio, los acusados consideran que se está ejerciendo una “campaña mediática” por parte de la Delegación del Gobierno de Madrid
y del Ministerio de Interior, que consiste en “criminalizar las
acciones”, comparándolas incluso con actos de terrorismo. Los medios
convencionales, por su parte, contribuyen, según esta asamblea de
barrio, a fijar en la opinión pública una imagen distorsionada de la
protesta contra el incremento del 90 % del billete de metro en los
últimos nueve meses y la reducción de horario de los servicios del
suburbano.
Javier Fernández
http://www.diagonalperiodico.net/Persecucion-politica-por-un-acto.html