
Primero reformaron la ley para permitir acusar de terrorismo o atentado a la autoridad todo aquel que se sentara y abrazara durante las manifestaciones, ahora, aunque La Ley penal ya lo reconoce como delito, se aplicara una sanción economía.
Jorge Fernández Díaz, alega la defensa de la reforma argumentando que se trata de un texto de 1992 que hay que actualizar y que las reformas introducidas, según el, “servirán para garantizar el derecho de manifestación y para que los violentos no puedan contaminar el libre ejercicio del derecho de reunión y de manifestación” a lo que nosotros entendemos como una eliminación del derecho a la manifestación o reunión.